BUENOS AIRES.- Los fondos buitre, que negocian con la Argentina el pago de títulos de deuda en default, exigieron un contrato de confidencialidad antes de aceptar una oferta de parte del Gobierno nacional. En tanto, el Poder Ejecutivo anunció que dará a conocer en forma pública los pasos de las tratativas que llevará adelante con los holdouts para garantizar la transparencia del procedimiento.
Los fondos NML Capital, Aurelius, Blue Angel y Olifant, entre otros, le pidieron al Gobierno del presidente Mauricio Macri un contrato de confidencialidad en las negociaciones, según datos de la agencia Bloomberg, que reprodujo el diario Cronista.com. En concreto, el reclamo de los holdouts implica que ninguna de las partes que intervienen en el conflicto por la deuda podrían publicar o informar las instancias de las negociaciones, antes de llegar a un acuerdo definitivo.
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas informaron que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, le adelantó al mediador del conflicto judicial, Daniel Pollack, que cualquier propuesta de negociación que presente la Argentina será de carácter público. La aclaración de las fuentes ministeriales surgió luego de que la agencia de noticias Bloomberg difundió esta presunta exigencia de los holdouts para que la negociación, que comenzará en las próximas semanas, se realice bajo normas de confidencialidad.
Según lo publicado por la agencia, los fondos buitre pretendían dialogar en secreto, hasta tanto ambas partes sellaran un acuerdo sobre el conflicto que involucra una deuda impaga que ronda los U$S 10.000 millones, según consignó la agencia de noticias DyN.
El miércoles pasado, Caputo se reunió por primera vez con los representantes de los holdouts y con Pollack en Nueva York. Tras ese encuentro, la Argentina informó que el 25 de este mes concretará una oferta formal a los holdouts que reclaman el pago de sentencia firme. Los acreedores también anunciaron que ese día formalizarán una propuesta.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso Prat Gay, precisó que la suma a renegociar con los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda anteriores es de U$S 9.982 millones. De este monto, unos U$S 2.903 millones corresponden al capital y el resto son intereses acumulados.
Prat Gay apunta a reducir en forma sustantiva el monto de intereses acumulados, cuestionando la forma de cálculo para la actualización del monto que se estableció en el fallo original del juez de Nueva York, Thomas Griesa. Además, la Argentina también pretende llegar a un arreglo con los bonistas que aún mantienen títulos en default y que no forman parte de este litigio.
Prat Gay también admitió que de la resolución de este conflicto judicial dependerá el perfil del programa de financiamiento que encarará la Argentina en el transcurso de 2016. Si las partes alcanzan un acuerdo, el país mejoraría su calificación crediticia, con lo cual podría regresar al mercado internacional de capitales.